El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagó en los últimos meses más de 260 millones de pesos a distribuidoras privadas y laboratorios por la adquisición de medicamentos para tratar enfermedades psiquiátricas y neurológicas, con los que busca hacer frente al desabasto de fármacos en el país.

La plataforma donde el gobierno federal registra y publica la información de sus contratos, apenas el 10 de febrero pasado, Prodifam, S.A de C.V. —empresa dedicada a la compraventa y distribución de medicamentos, que en sexenios pasados se desempeñó como intermediaria entre Psicofarma e instituciones públicas de salud como el IMSS— comenzó la entrega de tres millones 490 mil 696 dosis de Clonazepam, medicamento utilizado en tratamientos contra la ansiedad, por las que se pagaron 77 millones 214.1 mil pesos.

Según el contrato número AA-12- M7B-012M7B997-I-24-2023, Abastecedora de Insumos para la Salud S.A de C.V. (Abisalud) es otra de las empresas privadas que también ofrece servicios de distribución y que ha recibido contratos millonarios. A esta compañía, ligada al regidor de Morena en Guadalajara Carlos Lomelí, le fue adjudicada en enero pasado una partida por 12 millones 81.4 mil pesos para la distribución de 138 mil 940 dosis de Alprozolam, fármaco utilizado para tratar a pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo y 68 mil dosis de Oxcarbazepina, un medicamento usado para controlar dolores neuropáticos.

Otro millón 282 mil 788 dosis fueron compradas hace cinco meses a Laboratorio Médico, Químico Biológico S. A, DE C.V, (Bioquimed), por un monto máximo de 184 millones 721.4 mil pesos. Este laboratorio a diferencia de Prodifam y Abisalud es un productor de medicamentos para la salud mental. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no existe desabasto de medicamentos para el tratamiento de enfermedades mentales y neurológicas en el sector público, sólo en el privado, porque estos se han adquirido a empresas internacionales.

Según los documentos revisados, Promifam, Abisalud y Bioquimed son compañías nacionales, las dos primeras dedicadas a la compraventa y distribución de medicamentos, y la última es fabricante.

La única empresa internacional que aparece en los contratos localizados por este diario es Sanofi Pasteur, empresa francesa a la que le fue otorgado un contrato en propuesta conjunta con Sanofi Aventis de México por un monto máximo de 98 millones 46.1 mil pesos para la compra de 10 millones 918 mil 280 dosis de clonazepam. La entrega comenzó el 1 de enero pasado.

“En el sector público tomamos previsiones y logramos comprar medicamentos en el extranjero a compañías de países desarrollados”, afirmó López-Gatell, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 28 de febrero pasado.

De acuerdo con autoridades y doctores entrevistados por Organización Editorial Mexicana (OEM), faltan fármacos de este tipo en hospitales públicos de Tamaulipas, Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Hidalgo, Durango y Puebla.

Hasta el pasado 10 de marzo, el hospital reportó un abasto de medicamentos del 82% y una efectividad en recetas surtidas de más del 98% / Foto: Jaime Llera / Hasta el pasado 10 de marzo, el hospital reportó un abasto de medicamentos del 82% y una efectividad en recetas surtidas de más del 98% / Foto: Jaime Llera
El subsecretario López-Gatell acusó a Psicofarma, único distribuidor de metadona y otros medicamentos psiquiátricos, de estar detrás del desabasto que han denunciado muchos pacientes en el país.

El problema empezó en noviembre del año pasado, cuando la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó una inspección a sus plantas y halló “graves problemas en la capacidad y en la pureza de la producción”. La visita reveló contaminación cruzada entre fármacos. Algunos de los medicamentos analizados contenían, además de la sustancia activa propia del producto, restos de otros medicamentos que “pueden tener efectos adversos para la salud”.

Como sanción, las autoridades cerraron temporalmente las líneas de producción, y la empresa será sometida a análisis minuciosos antes de poder sacar sus productos al mercado.

Se buscó contactar telefónicamente a Psicofarma para preguntar la razón del desabasto de sustancias como la metadona, utilizada en el tratamiento para pacientes con adicciones de estupefacientes, pero no hubo respuesta.

Otros medicamentos que se han adquirido en los últimos tres meses son Fenobarbital, para el tratamiento de trastorno bipolar, y Ácido Valproico, un anticonvulsionante empleado en pacientes con epilepsia.

Un máximo de 499 mil 909 dosis de Fenobarbital fueron adjudicadas a Medigroup del Pacífico S.A. de C.V., otra empresa distribuidora de medicamentos, por un monto de 16 millones 272 mil pesos, mientras que Alternatividad S.A. de C.V. —líder en comercialización y distribución de medicamentos, según difunde en su página de internet— ganó la licitación para abastecer hasta 119 mil 590 dosis de Ácido Valproico por un monto de 16 millones 223 mil 10 pesos. Ambas empresas son mexicanas también.

El desabasto de medicamentos en México es un problema de años, pero se ha profundizado en este gobierno. De acuerdo con datos del Mapa de Desabasto del Instituto Farmacéutico de México (Inefam), en enero de 2016 los medicamentos psiquiátricos registraban un abasto de 98 por ciento en las instituciones de salud públicas y para enero de 2022 el abasto de estos fármacos disminuyó a 64 por ciento.

“Lo que estamos viviendo es la consecuencia evidente de una mala gestión en la compra pública de medicamentos que ha repercutido en el sector privado”, afirmó Enrique Martínez Moreno, director de Inefam, una de las consultoras más grandes de América Latina para el sector de la salud pública.

En entrevista con El Sol de México, dijo que el mayor problema radica en el tiempo que tardan las autoridades sanitarias (Cofepris) para liberar las importaciones de los fármacos, así como en las regulaciones y la logística.

“Es evidente que no se están cubriendo las necesidades de los pacientes, pero el problema no está en que los medicamentos se compran aquí o en el extranjero, sino en los atorones que tiene la Cofepris en los procedimientos para las importaciones, para liberar las autorizaciones necesarias, para liberar las compras en sí”, afirmó.