TIJUANA.- Con el acuerdo reparatorio que firmará la ex presidenta del patronato del DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega se extinguirá la causa penal que se le sigue por los delitos de coalición de servidores y negociaciones ilícitas.
De acuerdo con el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez, la señora Ruacho, esposa del exgobernador de Baja California, Franciso ´Kiko´ Vega entregará a la Secretaría de Hacienda Pública, una transferencia por 6.8 millones de pesos.
Asimismo, se desistirá del amparo interpuesto con el que mantenía el control de una estancia infantil del CRIT ubicada en la rampa de la Central Camionera.
En estos momentos el fiscal que integró la carpeta de investigación, el secretario de gobierno y otros funcionarios están a la espera del arribo de la ex presidenta del DIF o su representación legal para concluir el procedimiento.
“La señora utilizando una campaña que había a favor del CRIT para conseguir dinero creó una cuenta aparte de la oficial y a través de esa cuenta y una fundación distintita recabó dinero y no lo entregó al CRIT”, expresó.
Señaló también que, con el dinero recabado de manera ilícita se demostró que compró vehículos y realizó una serie de gastos que no tenían nada que ver con la fundación.
“Ella estaba obligada a cumplirle a la Ley y tenía un cargo de gobierno”, manifestó.
“No sé de dónde los sacó, se gastó el dinero, pero lo está regresando”, agregó.
Finalmente, explicó que será por medio de un pago diferido con transferencia bancaria que de manera inmediata se debe de liquidar lo “presuntamente robado” que previamente se comprometió a pagar y con el cual se retirararán los cargos.
La ex Presidenta del Sistema DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega, firmó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) un acuerdo reparatorio y devolver el dinero robado de DIF en la administración de su esposo el exgobernador Francisco “Kiko” Vega.
Sin embargo, no ingresó a las instalaciones de la FGE, sino que, al percatarse de la presencia de representantes de los medios de comunicación, pidió que le llevaran los documentos a firmar hasta su vehículo, estacionado en las afueras del edificio de la fiscalía.
El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dijo que la señora Ruacho de Vega se acogió a lo que contempla el Artículo 16 de la Ley Penal actual que permite la reparación del daño, monto que asciende casi a los 7 millones de pesos, dinero del cual dispuso de manera ilegal en una cuenta personal.
El Titular de la SGG dijo que este recurso forma parte del patrimonio del estado por lo que posterior a la firma, en las próximas horas, la señora Brenda tiene que hacer una transferencia bancaria a una cuenta oficial del Gobierno del Estado para resarcir el daño.
Es parte del acuerdo compensatorio que le permite la ley, dijo el funcionario, quedó claro y evidenciado que cometieron delitos, que la señora cometió delitos en contra de la administración de pública; y ella al darse cuenta de que el Ministerio Público tenía los elementos suficientes para sancionarla por los delitos de desvío de recursos y coalición de servidores públicos prefirió firmar este acuerdo y regresar lo robado, que al final de cuentas es dinero del pueblo, comentó.
El Secretario General de Gobierno comentó que, a través de la Dirección Jurídica para el Combate a la Corrupción, la SGG aportó a la FGE los elementos para que integraran esta carpeta de investigación y los hechos fueron tan contundentes, que al final la expresidenta del DIF reconoció el ilícito y firmó este acuerdo para regresar el dinero robado.
Como se recordará, la denuncia se dio en la presente administración estatal ya que en el sexenio anterior la señora Brenda Ruacho creó una fundación paralela al Centro CRIT, recabó recursos y creó una cuenta aparte de la oficial; ella en vez de depositar ese recurso en la cuenta oficial del DIF lo hizo en una cuenta personal y se descubrió que habían hecho una serie de gastos que no tenían nada que ver con el CRIT, al final tuvo que regresar ese recurso.