RÍO DE JANEIRO. Una factura sospechosa enviada al gobierno brasileño por una firma de Singapur para pagar una vacuna india se ha convertido en la punta de una trama que podría llegar hasta el presidente Jair Bolsonaro, según miembros de una Comisión Parlamentaria.

La factura de 45 millones de dólares, por tres millones de dosis de la vacuna Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud de Brasil.

La vacuna aún no había sido entregada. Pero lo que intrigó a Miranda, que se negó a autorizar su pago, fue que el contrato (por un monto total de 300 millones de dólares) al que correspondía esa factura no mencionara a Madison Biotech, la firma singapureña que la envió y que sería de fachada.

Hubo varias señales de alerta, según Miranda, quien testificó en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada hace dos meses por el Senado para determinar la responsabilidad del gobierno en la gestión de la pandemia que se ha cobrado 500 mil vidas en Brasil.

Una operación tanto más extraña cuanto que Bolsonaro, quien regularmente se burla de los consejos de expertos sobre la pandemia, había rechazado anteriormente ofertas de vacunas más baratas y efectivas.

Miranda contó que recibía llamadas de sus jefes a todas horas, ejerciendo lo que él llamó una presión “atípica y excesiva”, para aprobar la transacción. Luego surgieron más irregularidades en el acuerdo y el gobierno acabó por cancelar la operación.

Según el diario O Estado de S.Paulo, Bharat Biotech cotizó la dosis del inmunizante a 1.34 dólares, pero Brasil acordó pagarla a 15 dólares, más que por ninguna otra vacuna que haya comprado.

Miranda planteó sus preocupaciones a su hermano, el diputado Luis Miranda, partidario de Bolsonaro, quien los habría recibido a ambos el 20 de marzo en su residencia en Brasilia.

Según contaron los Miranda ante la CPI, Bolsonaro les habría asegurado que transmitiría el caso a la Policía Federal.

Algo que aparentemente nunca hizo, lo cual puede llevar esta semana a la CPI a denunciar al mandatario de ultraderecha ante la Fiscalía por “prevaricación”.

Presionado por los senadores para identificar al responsable, el congresista Miranda insistió en que no lo recordaba, hasta que, al borde de las lágrimas, acabó por revelar el nombre: Ricardo Barros, un poderoso diputado que encabeza la bancada progubernamental.

Barros, un exministro de Salud, negó haber cometido cualquier ilegalidad, al igual que Bolsonaro, quien alega que el contrato al final se canceló y acusa a los hermanos Miranda de una campaña de desprestigio contra él.

“Fue la primera gran bomba” que salió a la luz en los dos meses de trabajo de la CPI, dijo Geraldo Monteiro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

“Habíamos tenido testimonios que mostraban la negligencia y el negacionismo del gobierno, pero nada realmente serio que pudiera llevar a un juicio político al presidente”, agregó.

Ahora, el problema más inmediato para el presidente, en fuerte caída de popularidad, es Barros.

Si lo protege, Bolsonaro arruinará la plataforma anticorrupción que lo ayudó a ganar la presidencia en 2018. Si lo abandona, corre el riesgo de romper su alianza con el 'Centrao', un heterogéneo grupo de partidos conservadores especializados en negociar ventajas presupuestarias.

Esa alianza ha protegido al presidente de la apertura de alguna de las más de cien peticiones de juicio político que se acumulan en su contra en el Congreso.

“Barros podría comenzar a presionar a su partido para que rompa con Bolsonaro, en un momento en que Bolsonaro está perdiendo popularidad y el impulso del juicio político cobra fuerza”, dijo Michael Mohallem, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

Esperando un desenlace del enredo, en las redes sociales se ha popularizado el hashtag #CovaxinGate. Y un mensaje se ha vuelto viral: “Covaxin es tan fuerte que va a derrocar a Bolsonaro”.

Mientras tanto, 4.1 millones de brasileños han perdido la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, lo que complica aún más una campaña que ya está en peligro por la escasez de suministro y las acusaciones de corrupción.

El 16 por ciento de elegibles no han regresado por su segunda inyección hasta el 1 de junio, según datos de investigadores divulgados por The New York Times.

“Es probable que muchas de estas personas tengan que ser vacunadas nuevamente” con la primera dosis, Ligia Bahía, especialista en salud pública de la Universidad Federal de Río de Janeiro.