Más de 100 días después de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción, con el que el Gobierno engarza la llamada "guerra contra las pandillas", las autoridades reportan miles de detenciones, pero han cerrado el flujo de información oficial que permitiría conocer la cantidad de arrestos arbitrarios o las muertes bajo custodia estatal.
Entre finales de marzo, cuando el Congreso aprobó la medida que suspende varios derechos constitucionales, y el 10 de julio, las autoridades de seguridad reportan en las redes sociales 45 mil 376 detenciones.
La cifra no ha sido actualizada al día de hoy y tampoco se conocen varios detalles sobre las mismas, como la cantidad de personas que han sido liberadas por error en su arresto.
Las pandillas, señaladas de perpetrar la mayoría de asesinatos en El Salvador y que han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones, poseen unos 70 mil miembros en El Salvador.
Hasta antes de una escalada de asesinatos y aprobación del régimen, las maras tenían a unos 16 mil de sus miembros encarcelados, según dijo el presidente Nayib Bukele en su momento.
"El Gobierno del presidente Bukele no ha sido transparente en cuanto a los datos y no permite el acceso a la información directamente que permita corroborar los datos
"Parece bastante difícil que se logre acumular ese número de detenidos sin generar una mayor crisis (...) tenemos dudas de esos datos, pero no se pueden corroborar si es cierto o no, es un número bastante grande", dijo Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización humanitaria Cristosal.
Detenciones durante el régimen
Se desconoce información sobre las detenciones arbitrarias que se han dado durante dicho régimen.
Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se han registrado más de 3 mil denuncias por detenciones arbitrarias y tortura.
"Nos parece que hay un amplio nivel de arbitrariedad a la hora de identificar y detener a las personas", comentó Ábrego.
Señaló que las personas inocentes y detenidas arbitrariamente pueden estar hasta un año detenidos sin poder alegar su inocencia.
Otro dato que se desconoce oficialmente es el impacto que estas más de 45 mil detenciones han tenido en el sistema carcelario salvadoreño.
De acuerdo con el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en diciembre de 2020 el sistema penitenciario tenía una capacidad instalada de 30 mil 864 cupos y a marzo de 2021 se tenía conocimiento que había una población penitenciaria de 36.663 privados de libertad, una sobrepoblación en ese momento de un 119 %.
Muertes bajo custodia
Las autoridades tampoco han confirmado o desmentido las supuestas muertes de presos bajo custodia estatal, y que según organizaciones no gubernamentales y la prensa local, suman más de 50.
El último caso destacado por los medios salvadoreños es el de Adrián Efraín Solórzano Hernández, de 30 años, quien murió estrangulado en un penal ubicado en el departamento de San Salvador, según una publicación del Diario de Hoy.
Según el medio, en el acta de defunción que Medicina Legal entregó a la familia de la víctima se indica que la causa de la muerte fue por "asfixia mecánica por estrangulación".
La publicación indica que, de acuerdo con la familia, Adrián fue asfixiado por custodios del penal la Esperanza, donde se encontraba preso desde el 20 de abril.
Solorzano Hernández, quien fue sepultado la semana pasada en el oriente de El Salvador, no era pandillero ni tenía vínculos con estas bandas, según dijeron a periodistas parientes de la víctima.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió recientemente al Gobierno de Bukele que mejore las condiciones "deplorables" en las que están los miles de detenidos.
